La reacción al vacío comunicacional que dejó la retirada intempestiva del servicio satelital de televisión por suscripción Directv en Venezuela se ha hecho sentir de varias maneras: una orden judicial de restitución de señal, una petición humanitaria para el regreso “libre” de Directv al país, y ofertas clandestinas de “señal internacional” -pagadas en divisas- repetibles en territorio venezolano.
Cada reacción obedece a una motivación distinta, dependiendo del agente que la genera. En tal sentido, cabe realizar un análisis individual de cada una de ellas:
Acerca de la orden judicial de restitución inmediata de la señal de Directv en Venezuela, puede afirmarse que era la reacción esperada de un gobierno al que, la salida adelantada del país de una de las principales operadoras de telecomunicaciones, tomó por sorpresa. Aun así, la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano a Galaxy Entertainment de Venezuela, C.A. (Directv Venezuela) resulta imposible de ejecutar, ya que la señal que reciben las antenas domésticas que quedaron instaladas a lo largo y ancho de toda Venezuela proviene directamente del satélite propiedad AT&T -casa matriz de Directv Venezuela- ubicada, al igual que su satélite, fuera del territorio venezolano, y por ende fuera de la jurisdicción de sus tribunales. El desacato a esta orden judicial por parte de Directv Venezuela tendrá como consecuencias, por supuesto, la pérdida de titularidad de su habilitación administrativa y la ocupación de sus activos para la operación del servicio satelital en el país, riesgo que seguramente fue analizado y asumido por AT&T en su decisión de retirarse.
En cuanto a la petición humanitaria para el regreso “libre” de la señal de Directv a Venezuela -iniciativa que probablemente provenga de algunos de los más de diez millones de telespectadores que, según la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, perdieron el acceso a su principal fuente de información y entretenimiento- ciertamente refleja el gran vacío comunicacional que la retirada de este servicio deja en la población venezolana, afectando incluso a los canales de televisión abierta -privados y oficiales- que aprovechaban la red satelital de Directv para expandir su señal a todo el país.
Sobre esta petición cabe resaltar que, si bien desde un punto de vista estrictamente técnico, su ejecución resulta viable -ya que la infraestructura satelital de AT&T permite la emisión y recepción de señales a lo largo y ancho de todo el continente Latinoamericano- las restricciones derivadas de la territorialidad de los derechos de transmisión y programación, no obstante, la dificultan. La regulación de las señales de telecomunicaciones y el control de su contenido, por una parte, son potestad soberana de cada país a través de la administración de su espectro radioeléctrico, y los generadores de contenido o productores audiovisuales, por la otra, negocian sus películas, documentales y programas informativos frente al carrier u operador de telecomunicaciones, a través de cesiones remuneradas de derechos de transmisión para cada territorio en particular, con esquemas de costos y precios adaptados individualmente a cada mercado.
Así pues, para emitir una señal “humanitaria” exclusiva para Venezuela, tanto AT&T, como los generadores de contenido, tendrían que crear un mix de programación especial, a su vez “humanitario” y gratuito. Este contenido, al ser transmitido directamente desde el satélite de AT&T hacia la red de antenas domésticas de Directv instaladas en Venezuela sin la autorización del ente regulador (Conatel)- con seguridad generaría alguna medida restrictiva por parte del gobierno, para evitar el uso no autorizado de su espectro radioeléctrico. Un ejemplo de esta medida podría ser la confiscación masiva de equipos de recepción, en perjuicio de sus beneficiarios.
Finalmente, en relación con la oferta en Venezuela de equipos para la recepción de la señal de Directv Colombia en modalidad prepago, cabe resaltar nuevamente que, si bien técnicamente la provisión del servicio es factible, la legalidad lo impide. La oferta comercial propiamente dicha no podría contar con el respaldo de Directv Colombia, de Directv Venezuela o de AT&T, ya que este servicio sería ilegal en su país de origen (Colombia), donde tanto las licencias de Estado para operar servicios de telecomunicaciones como los derechos de programación también se limitan exclusivamente a territorio colombiano, y en su país de destino (Venezuela), de donde Directv se retiró por completo. En tal sentido, quedaría a riesgo de cada consumidor venezolano -que además esté en capacidad de asumir su costo en divisas- el contratar un servicio de entretenimiento satelital clandestino, sin ninguna garantía.
En conclusión, lo que claramente motivó el retiro del servicio Directv de Venezuela por parte su propietaria AT&T, fue el efecto de las sanciones del gobierno estadounidense en su propio territorio. Esta multinacional, frente a la disyuntiva de mantener en la programación de Venezuela los canales sancionados por la OFAC, o retirar dichos canales para no exponerse a las consecuencias de las sanciones sobre sus intereses en EEUU, decidió cortar por lo sano y retirarse de Venezuela.
Más allá de la frustración que esta nueva pérdida de derechos causó en la población venezolana, así como en los cientos de trabajadores de Directv Venezuela que perdieron sus empleos, lo cierto es que se trató, sin duda, de una decisión estratégica de negocios, con riesgos y consecuencias debidamente ponderadas. Ante la disyuntiva entre dos males, AT&T sencillamente optó por el mal menor.
Por consiguiente, el regreso de Directv y de tantas otras multinacionales a Venezuela dependerá, en el futuro, de las condiciones de estabilidad económica y jurídica que el país esté en capacidad de ofrecer a los capitales extranjeros, tan necesarios para la reconstrucción de su economía.
Fernando Figuera Fortique Abogado (UCAB), Maestría Internacional en Administración de Empresas (Universidad de Glasgow) Asesor legal de medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones. Consultor Jurídico de Galaxy Entertainment de Venezuela, C.A. (Directv) del 2001 al 2004
